El titular del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Agustín Morales Pérez-Roldán, ha decidido citar a declarar en calidad de imputados al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y al presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), José Antonio Gonzalo Angulo, al considerar que han podido incurrir en un delito de prevaricación en relación a sus tareas de control sobre la trama de irregularidades que presuntamente han cometido algunos gestores de La Seda de Barceleona. Según la citación a la que ha tenido acceso El Economista, el magistrado ha atendido la petición del ministerio fiscal y ha decidido que se tome "declaración en calidad de imputados a Julio Segura Sánchez y José Antonio Gonzalo Angulo el próximo día 13 de enero y en hora de las 11.30 y 12.30 de su mañana, respectivamente". La decisión del magistrado data del pasado día 8 de noviembre.
Un portavoz de la CNMV aseguró ayer a este diario que este organismo no ha recibido todavía ninguna petición del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.
La decisión de imputar al presidente de la CNMV la ha tomado el magistrado después de que la fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, MªEugenia Hernández, solicitase el pasado 27 de octubre la declaración de los presidentes de la CNMV y del ICAC.
Según el escrito de la fiscal "a la vista de la denuncia presentada y de la documentación aportada por el representante de la Asociación Unidos por La Seda contra Julio segura Sánchez y funcionarios resposnables de la CNMV y contra José Antonio Gonzalo Angulo, presidente del ICAC como autores de sendos delitos de prevaricación, interesa que se practique la declaración en calidad de imputado de ambos denunciados".
La Audiencia ya vio indicios
El pasado mes de mayo el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya vio indicios de delito en la actuación de Segura y Gonzalo. El juez titular, Eloy Velaco, estimó las denuncias presentadas por la asociación de pequeños accionistas de La Seda de Barcelona
Última noticiaEl juez imputa en el "caso La Seda" a los presidentes de CNMV e ICAC Ver más resumen noticias perfil recomendaciones / consenso gráficos carteras histórico ) por un presunto delito de prevaricación en sus actuaciones de control sobre la empresa.
Literalmente el juez señaló que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Por este motivo, el magistrado dictó que las denuncias contra Segura y Gonzalo se remitieran al Juzgado Decano de Instrucción de los de Madrid, para que procediese a su reparto. En ese reparto el caso fue adjudicado al juzagado de Instrucción número 42 cuyo titular ha citado a los dos denunciados en calidad de imputados.
En el auto, el juez Velaco consideraba que en la denuncia contra los presidentes de la CNMV y el ICAC existía fundamento ya que tanto el uno como el otro habrían hecho una dejación voluntaria de sus funciones de control y que con sus "no actuaciones" habrían perjudicado económicamente a los accionistas minoritarios que han perdido la mayor parte de su inversión. En el caso del ICAC, los denunciantes consideran que este organismo no realizó la tarea de control que le corresponde sobre la auditoría de las cuentas anuales de La Seda que realizó la firma Horwath.
La Audiencia decididó separar estas denuncias de presunta prevaricación de las diligencias previas que está realizando el Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre los presuntos delitos cometidos por los gestores de La Seda, entre los que destacan los ex presidentes de la compañía, Rafael Español, y José Luis Morlanes (hoy vicepresidente ejecutivo de la sociedad).
La asociación Unidos por La Seda acogió ayer con satisfacción la decisión de citar a declarar como imputados a Segura y Gonzalo y considera un acierto la decisión de separar ambos casos, ya que "de esta forma, al realizarse una investigación separada, se podrán determinar mejor las responsabilidades de cada uno de los implicados".
Sin embargo, la pieza principal del caso, la que se refiere a las presuntas actuaciones fraudulentas cometidas por Español y Morlanes, entre otros, sigue siendo investigada por la Audiencia Nacional, que lleva meses realizando diligencias previas a instancias de las denuncias de diversos accionistas de La Seda.
La Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha pedido a la Policía Judicial que abra una investigación para encontrar pruebas sobre las presuntas irregularidades. En la actualidad, el caso está en manos del fiscal Francisco Bañeres, el mismo que se encarga de la investigación del caso Palau de la Música.
Tras su salida de La Seda, en julio de 2009, Español dejó detrás de sí una serie de operaciones irregulares cuya cuantía estimada podría superar los 100 millones de euros. Los presuntos delitos penales que se imputan a Rafael Español son: falsificación de las cuentas anuales, abuso de poder y alteración de los precios.
La investigación comenzó después de que la auditora KPMG detectara transacciones presuntamente irregulares entre La Seda y una serie de empresas participadas. Estas operaciones provocaron a la empresa pérdidas estimadas de más de 100 millones que José Luis Morlanes decididó contabilizar como resultados negativos del ejercicio. La investigación analiza los vinculos societarios y empresariales que Español y Morlanes mantenían.
Literalmente el juez señaló que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Por este motivo, el magistrado dictó que las denuncias contra Segura y Gonzalo se remitieran al Juzgado Decano de Instrucción de los de Madrid, para que procediese a su reparto. En ese reparto el caso fue adjudicado al juzagado de Instrucción número 42 cuyo titular ha citado a los dos denunciados en calidad de imputados.
En el auto, el juez Velaco consideraba que en la denuncia contra los presidentes de la CNMV y el ICAC existía fundamento ya que tanto el uno como el otro habrían hecho una dejación voluntaria de sus funciones de control y que con sus "no actuaciones" habrían perjudicado económicamente a los accionistas minoritarios que han perdido la mayor parte de su inversión. En el caso del ICAC, los denunciantes consideran que este organismo no realizó la tarea de control que le corresponde sobre la auditoría de las cuentas anuales de La Seda que realizó la firma Horwath.
La Audiencia decididó separar estas denuncias de presunta prevaricación de las diligencias previas que está realizando el Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre los presuntos delitos cometidos por los gestores de La Seda, entre los que destacan los ex presidentes de la compañía, Rafael Español, y José Luis Morlanes (hoy vicepresidente ejecutivo de la sociedad).
La asociación Unidos por La Seda acogió ayer con satisfacción la decisión de citar a declarar como imputados a Segura y Gonzalo y considera un acierto la decisión de separar ambos casos, ya que "de esta forma, al realizarse una investigación separada, se podrán determinar mejor las responsabilidades de cada uno de los implicados".
Sin embargo, la pieza principal del caso, la que se refiere a las presuntas actuaciones fraudulentas cometidas por Español y Morlanes, entre otros, sigue siendo investigada por la Audiencia Nacional, que lleva meses realizando diligencias previas a instancias de las denuncias de diversos accionistas de La Seda.
La Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha pedido a la Policía Judicial que abra una investigación para encontrar pruebas sobre las presuntas irregularidades. En la actualidad, el caso está en manos del fiscal Francisco Bañeres, el mismo que se encarga de la investigación del caso Palau de la Música.
Tras su salida de La Seda, en julio de 2009, Español dejó detrás de sí una serie de operaciones irregulares cuya cuantía estimada podría superar los 100 millones de euros. Los presuntos delitos penales que se imputan a Rafael Español son: falsificación de las cuentas anuales, abuso de poder y alteración de los precios.
La investigación comenzó después de que la auditora KPMG detectara transacciones presuntamente irregulares entre La Seda y una serie de empresas participadas. Estas operaciones provocaron a la empresa pérdidas estimadas de más de 100 millones que José Luis Morlanes decididó contabilizar como resultados negativos del ejercicio. La investigación analiza los vinculos societarios y empresariales que Español y Morlanes mantenían.
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