jueves, 23 de septiembre de 2010

LA AUDIENCIA NACIONAL DECRETA EL EMBARGO DE LOS BIENES DEL EX-PRESIDENTE DE SOS.

La Audiencia Nacional ha procedido a embargar diversos bienes del empresario, entre los que se encuentran mansiones y coches de lujo. El organismo también ha bloqueado las cuentas del ex presidente de SOS, acusado de varios delitos como estafa, blanqueo de dinero o apropiación indebida.

Esta decisión tiene lugar después de que la Sala de lo Penal haya desestimado el recurso de apelación presentado por Roberto Salazar, ex director financiero de SOS, y se espera la misma resolución para los recursos de Jesús y Jaime Salazar.

Dos Porsche, un piso, devoluciones del IRPF...

En concreto, ha decretado el bloqueo cautelar de todas las cuentas bancarias a su nombre, según informa el diario Expansión. En cuanto a las propiedades confiscadas, el rotativo enumera un Porsche Cayenne, un Porsche Carrera 911, dos motocicletas y las devoluciones del IRPF pendientes, además de un piso en Madrid.

La Audiencia también ha decidido embargar las participaciones sociales, créditos y derechos que estén a su nombre, y ha requerido a la mujer de Salazar, Patricia Esteban Martínez, que justifique su patrimonio.

El pasado 1 de septiembre, la compañía confirmó en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNMV) que Audiencia había impuesto una fianza de responsabilidad civil por importe de 360 millones de euros y que había acordado el embargo de propiedades de los antiguos gestores de SOS para cubrir esa cantidad.

Un fraude de 230 millones

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia tramita una querella interpuesta por SOS contra los ex ejecutivos y otras personas y sociedades por los supuestos delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, delito societario, delito contra el mercado y blanqueo de capitales.

Según denunció el grupo alimenticio, el fraude cometido por los hermanos Salazar podría superar los 230 millones de euros.

En su nota, SOS aseguraba que con esta medida se pretende "asegurar las responsabilidades civiles que pudieran resultar procedentes por los hechos objeto del procedimiento en curso".

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